Un análisis del Presidente de la Auditoría General de la Nación sobre el manejo deficiente de los fondos públicos vinculados con algunos de los principales servicios que el Estado tendría que garantizar: transporte aéreo y ferroviario, suministro de energía, y control de aduanas y fronteras. Durante los últimos doce años, por el simple hecho de hacer su trabajo, Leandro Despouy ha sido objeto de la hostilidad de funcionarios del Gobierno Nacional. Tal vez sea porque en los más de tres mil informes presentados por la Auditoría General de la Nación (AGN) durante su presidencia se abordaron uno a uno los temas medulares y se demostró la ineficiencia, desidia o corrupción en la prestación de servicios públicos -transporte ferroviario y aéreo, suministro de energía-, así como en un área crucial: aduanas y fronteras. ¿Por qué el Gobierno no permite que la AGN fiscalice YPF? ¿No confía en su órgano de control constitucional y sí en corporaciones extranjeras involucradas en gigantescos fraudes contables? ¿Acaso la AGN no ha defendido el interés nacional en la compra de Aerolíneas Argentinas al descubrir que el grupo español Marsans no declaró el verdadero patrimonio? ¿Por qué la compra de trenes a España y Portugal incluía unidades no aptas para la Argentina y muchas fuera de servicio? ¿Por qué la Policía de Seguridad Aeroportuaria no inspeccionó el jet de los hermanos Juliá? ¿No es llamativo que los grandes casos de contrabando de drogas solo salgan a la luz tras los allanamientos en puertos extranjeros? Con estos reveladores informes, sumados a sus afiladas reflexiones, el autor nos muestra en La Argentina auditada el cuadro de situación actual y también el desafío que enfrentan los futuros gobernantes: corregir la precariedad de las políticas públicas. Porque, como le dijera Raúl Alfonsín cuando Despouy asumió su cargo, “La tarea del auditor es custodiar la honradez de la república”.